La Junta de Castilla y León ha implantado un modelo de atención a la dependencia de bajo coste, haciendo recaer en las familias la financiación al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la parte que la misma no aporta.
Además, no aprovecha el incremento de financiación que llega a Castilla y León a través del Plan de Choque del Gobierno de España para reducir la aportación de las familias. En los años 2021 y 2022, la aportación Estatal se incrementó en 105,8 millones de euros, mientras la Junta, esos mismos años, redujo su aportación en 48,4 millones. Si la Junta hubiera mantenido su aportación habría más dinero para mejorar la atención a las personas en situación de dependencia.
El análisis no pretende cuestionar el dictamen del Observatorio de la Dependencia y reconoce el esfuerzo que supone la elaboración del mismo, que sin duda contribuye a poner en el debate público la importancia de los servicios y prestaciones que reconoce la Ley de la Dependencia para mejorar la vida de las personas; pero es necesario conocer de forma exhaustiva cómo afecta a la población de Castilla y León.
A pesar de la nota que concede el Dictamen del Observatorio, y a medida que se han ido incorporando nuevos indicadores más relacionados con la calidad que con la cantidad, la nota de Castilla y León baja, como por ejemplo, cuando se evalúa el número de horas que se concede a cada beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Y en cuanto a lo referido a las cuantías económicas que desde Castilla y León se concede a las personas que tienen la PECEF (prestación económica de cuidados en el entorno familiar), menores que la media de España.
Obtener la máxima nota de todas las Comunidades Autónomas, no significa que sea la que mejor gestiona la dependencia. Y existen indicadores en los que el criterio para clasificarles requeriría como mínimo una reflexión, que nosotros aportamos en el documento completo disponible aquí:
Se valora a las CC.AA. que tienen instalado un sistema de información en tiempo real para el seguimiento de las solicitudes de reconocimiento de la dependencia. Siendo positivo que todas las personas puedan conocer cómo se encuentra la tramitación de su expediente, resulta que la persona que formula la solicitud debe acceder a la información a través de su certificado digital. ¿Cuántas personas mayores tienen certificado digital y los utilizan sin dificultad?
Animamos a echar un ojo al documento, pues el resultado está siendo utilizado de forma propagandística por el presidente de la Comunidad, evidenciando muchas cuestiones que requieren un análisis más profundo.
PLATAFORMA SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN 